Por Helio Gallardo
Publicado en el Semanario Universidad #1444, del 3 de
Agosto del 2001

www.semanario.ucr.ac.cr

La urgida codicia empresarial por avanzar en Costa
Rica una legislación que facilite la concentración de
poder impune en La Nación S.A. recibió una aceleración
con la ejecución de Parmenio Medina. Así, un crimen
cobarde y sórdido que debió prolongarse en una
indagación policial eficaz y en un exigible examen
moral para muchos costarricenses, amenaza con
convertirse en un detonador para que las empresas de
La Nación acentúen su monopolio y desde él bloqueen su
derecho a la información a la ciudadanía, arrinconen a
los políticos manoseando su imagen, construyan sin
contrapeso ni pudor opinión pública y avancen
intereses ideológicos y económicos particulares
ocultándolos como bien Común en el mismo [momento] que
fortifican su cárcel de hierro contra el ejercicio
independiente y social del periodismo.

Desde luego, el detonador se sirve del oportunismo, en
este caso particularmente ciego por servil, de algunos
diputados y políticos, y del miedo de muchos
periodistas asalariados que se obligan a ver sólo el
árbol que podria ser fértil (la transformación
políticamente ponderada de normas legales
sobrerrepresivas) mientras invisibilizan el podrido
bosque pletórico de cucarachas, detritos y caldos
descompuestos: el monopolio de La Nación entre los
medios impresos.

La Nación, por ejemplo, ha tenido un relativo éxito en
difundir una asociación que deberia resultar hilarante
si no tuviese un contenido trágico: la de que el
homicidio de Medina se conecta con una legislación
restrictiva del ejercicio de la libertad de expresión.
Esto equivale a decir que los sicarios que asesinaron
al creador de La Patada actuaron como magistrados. Es
decir, leyeron el Código Penal, artículo 149, y
decidieron que los facultaba para asesinar al
periodista. Cualquier analista determinaría esta
asociación como delirante. Pero el codicioso impune
desea imponerla como evidencia.

La legislación precisamente permite que los no
criminales no asesinen a los periodistas sino que los
demanden, a ellos y a sus empresas, ante los
Tribunales. Los ciudadanos que demandan a La Nación
no son delincuentes. Son personas a las que el Estado
confiere capacidades legales. Solo la codicia que
desea impunidad total puede retratarlos como bribones
o asesinos.

La lógica elemental no es, por cierto, el lado fuerte
de la codicia exasperada. Arrebatado y ansioso por
utilizar la ejecución de Parmenio Medina en beneficio
de sus patrones, el director de La Nación, E.
Ulibarri, se lanza a despejar "falacias" (12/07/01).
Se trata del mismo funcionario que tuvo su pico de
popularidad cuando consiguió que una de sus empleadas
le tramitara el primer Impío Víquez de periodismo.
Ahora está hablando de diputados y políticos 'que se
han hecho eco de su clamor', es decir de suprimir sin
más la legislación que asesinó a Medina (!). En las
declaraciones de estos políticos aparecen "falacias".
Pero, fuera de su alcance lato y de su contenido
técnico en Lógica, 'falacia' remite a un fraude con el
que se intenta dañar a otros. O al hábito de emplear
falsedades. Y Ulibarri está hablando de sus socios o
aliados eventuales. Los describe como 'mentirosos
habituales' o 'perpretadores de fraudes dolosos'. O
sea que en lugar de aclararles la pista a sus
compadres, los desahucia. Y eso que todavía no se le
ha entregado todo el poder a sus empleadores.

El asunto se espesa si se le busca un sentido más
técnico a "falacia". En Lógica esta figura designa la
organización persuasiva de un argumento incorrecto, no
una mera mentira. Ulibarri parece ni sospechar este
alcance porque su 'análisis' se limita a señalar lo
que le parece falso en los dichos de los otros y en
oponerles su propia adhesión, 'la', verdadera.
Ejemplo:"Falacia: si hay reforma, el ciudadano
quedaría indefenso. Realidad: al contrario, quedaría
más protegido por una prensa con mayores posibilidades
para informar, denunciar y llamar a cuentas". Radio
Monumental alegaría que el papel de los medios
comerciales no consiste prioritariamente en defender a
los ciudadanos, sino en cautelar su propio patrimonio
y en conservar a sus anunciantes. Esta proclama la
hizo cuando impidió que La Patada saliera al aire. Y
un abogado de La Nación legitimó su postura.

Por lo demás, salta a la vista, que en el argumento de
Ulibarri "indefensión" y "más protegido" son
identificados impropiamente. Sin duda el ciudadano
podría estar más protegido por una prensa profesional,
pero también lo estaría con una legislación que
castigue las presiones y amedrantamientos en la prensa
y por medio de ella. En este sentido, el argumento de
Ulibarri sí es falacioso. Sólo que él, pobrecillo, lo
ignora.

En resumen, la codicia convoca al fraude. Ojalá el
crimen contra Parmenio Medina no sirva para acelerar
esta dinámica que mata el ejercicio del periodismo
digno. Y en cuanto a Ulibarri, cuando fue por años un
director mudo (prevención o ignorancia?) su mejor
adorno craneal consistió en su correctísimo peinado.
Por desgracia ahora, cuando profusamente opina, ese
sigue siendo, aunque con menos hebras, su distintivo
recuperable.