Los brotes de violencia en Costa Rica, en
la atlántica provincia de Limón, dejaron un saldo de un muerto y
cuatro heridos la noche del martes, cuando se celebraban
negociaciones entre el gobierno y un comité de vecinos para poner
fin a la huelga iniciada el lunes.
Saqueos al comercio con pérdidas de unos 300 000 dólares,
enfrentamientos entre policías y manifestantes con resultado de
varios heridos de bala y decenas de personas afectadas por gases
lacrimógenos es el saldo hasta ahora de las dos primeras noches
transcurridas durante la huelga.
El presidente José María Figueres hizo este martes un llamado a
mantener la calma y pidió al comité Limón en Lucha, que dirige el
movimiento en la provincia, desautorizar los hechos de violencia
para evitar nuevos brotes.
Aunque así lo hicieron, los enfrentamientos se sucedieron en la
noche del mismo martes y en la madrugada de este miércoles.
Danilo Powell, presidente del comité, responsabilizó al
gobierno por la ola de violencia debido a la lentitud con que
reaccionó ante las demandas planteadas hace más de cuatro meses.
A la huelga se fueron sumando los empleados del hospital, que
está en capacidad de atender solo emergencias, y los empleados de
los muelles empezaron un movimiento de brazos caídos, que se
cumple desde el lunes a intervalos.
Ante el problema de los saqueos, el comercio de Limón cerró y solo
abren los restaurantes cuando quiere entrar algún comensal. Se
prevee que a partir de este miércoles, y mientras dure el
conflicto, los centros comerciales permanecerán cerrados.
Limón en Lucha demanda mejoras en materia de salud, vivienda,
educación e infraestructura, y especialmente que se solucione la
situación económica de los empleados de los muelles.
Este martes, después de una reunión de 13 horas, las partes no
llegaron a un acuerdo, pero el vocero del gobierno, el
viceministro de Hacienda, Marvin Taylor, dijo que se habían hecho
importantes avances.
El viceministro de Trabajo, Eugenio Solano, afirmó que en la
reunión de este miércoles se empezaría a hablar sobre las
tarifas de los muelles, la puesta en marcha de un fondo de
reactivación para la provincia y el salario mínimo para los
estibadores.
Al estallar la huelga el lunes, la Comisión Costarricense para
la Defensa de los Derechos Humanos advirtió sobre la explosiva
situación de la provincia, donde el desempleo alcanza a 40 por
ciento de la población.
Además, advirtió sobre la fuerte presencia policial en la zona,
que es vista por los habitantes como ''un ejército blanco
extranjero'' y amenazante.
Según la Comisión, la policía en la zona está utilizando armas
de grueso calibre, por lo cual hay peligro de que en cualquier
momento se produzca una tragedia mayor.
Otras versiones aseguran que el peligro es mayor porque hay
muchas armas en la región en poder de particulares, debido a la
fuerte presencia del narcotráfico.(ips)