La Comisión para la Defensa de los
Derechos Humanos en Costa Rica advirtió hoy sobre un posible
estallido social en la atlántica provincia de Limón, donde hoy
comenzó una huelga en demanda de mejores condiciones de vida.
Francisco Avendaño, presidente de la Comisión, indicó que desde
hace un año la provincia está virtualmente tomada por la policía
con la excusa de combatir el narcotráfico, pero aseguró que esa
presencia parece tener la intención de controlar cualquier brote
social.
La huelga es dirigida por un comité denominado Limón en Lucha,
el cual señala que la provincia está prácticamente abandonada por
el gobierno del presidente José María Figueres.
El comité asegura que el desempleo de las mujeres en la zona
llega a 68 por ciento y el de los hombres a 42,8 por ciento.
''Hay un gran abandono en Limón que tiene que ver con racismo -
la mayoría de la poblacion es negra- y hay serios problemas de
salud, de habitación y de educación'', señaló Avendaño.
A esto se agrega el malestar por la presencia de cuerpos
policiacos armados con ametralladoras y bombas lacrimógenas, que más
que intimidar buscan causar daño a la población, afirmó.
En la capital de la provincia hay actualmente unos 400 policías que
son vistos por la población como un ''ejército blanco extranjero''
preparado para repeler brotes de violencia, añadió.
Luis Fernando Astorga, de la Comisión para la Defensa de los
Derechos Humanos en Centroamérica (Codehuca), dijo que ese
organismo advirtió que en Limón se ha creado una situación
explosiva que puede generar graves violaciones de los derechos
humanos.
''No queremos que en esa provincia haya una tragedia'', señaló
Astorga, al indicar que se ha creado una red de derechos humanos y
una comisión permanente en la provincia para advertir sobre
situaciones peligrosas.
En 1992 la zona de Limón sufrió las consecuencias de un
devastador terremoto, pero el gobierno no ha hecho fuertes
inversiones para reparar los daños.
El año pasado, el gobierno acabó con el oligopolio de la
estiba, bajo el cual se entronizó el poder de un sindicato al que
se acusa de corrupto. Por presiones de este sindicato las tarifas
de los muelles aumentaron a precios no competitivos, porque se
pagaban altos salarios a personas que no trabajaban.
Al abrir el gobierno el negocio de la carga y descarga a la
competencia privada estalló una lucha de poder entre varios
sindicatos que pretenden asumir el control y los precios de la
estiba bajaron, pero saltó a la vista el problema del desempleo
que agobia a la provincia.
Según las denuncias, ahora el negocio lo hacen las empresas
estibadoras que trabajan en los muelles con ganancias millonarias,
pero la población se encuentra en difícil situación.
''El problema ahora no es de muelleros con el gobierno, es de
la población que se encuentra en situación paupérrima'', dijo
Astorga.
Pese a los temores de enfrentamientos con la policía, esta
procedió este lunes a levantar barricadas de las calles de acceso
al puerto sin ningún problema, pero se teme que si las
negociaciones con el gobierno no prosperan pueda haber brotes de
violencia.(ips)