(Breve análisis crítico, para leer con calma, basado en la versión aprobada en primer debate. Puede reproducirse. Mauricio Ordóñez) En 1949 se crea el ICE como institución autónoma con el fin de atender las necesidades de electricidad de nuestra sociedad; en 1964 asume las telecomunicaciones. Ambos servicios bajo un criterio de solidaridad y universalidad, excelencia y buenos precios. Es, por lo tanto, una institución de naturaleza social, que ha cumplido a cabalidad su tarea. Más del 95% de los hogares y locales costarricenses tienen acceso a la electricidad y a alguna forma de telefonía, a pesar de que el 52% de los teléfonos y el 73% de los servicios eléctricos residenciales son deficitarios (no rentables); sin embargo se ofrecen, merced al SISTEMA DE SUBSIDIOS, automático y generalizado, que ciertos servicios prestan a otros, sistema posible gracias a la economía a gran escala que el ICE maneja, dado el monopolio que ostenta. El Combo ELIMINA TAL SISTEMA DE SUBSIDIOS, lo cual lleva al inevitable incremento de tarifas, básicamente en electricidad residencial, telefonía fija y pública. En cambio, establece un imprevisible FONDO eléctrico focalizado (art.102), financiado POR NO MAS del 5% (¿cuál el mínimo?) de los ingresos de las ventas de electricidad, que beneficiaría actividades sociales (escuelas y colegios públicos, asilos, guarderías) y a los que consuman menos de 200 kwh mensuales (lo que sólo ayuda a una parte de la población y limita la calidad de vida). Pero lo que no se dice es que tal subsidio cubriría TAN SOLO un mezquino 25% (art.106) de una factura que habrá subido de dos o cuatro veces, según pronostican ciertos cálculos. Tampoco menciona asistencia a la urbanización en precario, ahora con electricidad gratuita en muchos casos. Se determina financiamiento al FONDO de Servicio Universal de TELECOMUNICACIONES (art.234 y 235), pero no las características del subsidio, ni que tales fondos garanticen la universalidad del servicio. Y a estas tarifas habría que agregar el enorme costo económico que implica la COMPLEJA ESTRUCTURA BUROCRATICA del Combo, costo que será pagado finalmente por los usuarios. Probable consecuencia ocurrida en muchos países: la exclusión de los sectores humildes de estos primordiales servicios, por no poder pagarlos. El proyecto del Combo Eléctrico, DESVIRTÚA completamente la naturaleza social del ICE, pues lo transforma en un conjunto de empresas privadas (de capital público), sujetas al derecho privado y a la dinámina mercantil (art.27,libro1), que no pueden mantener un servicio solidario y universal. Tales empresas podrán suscribir contratos de gestión interesada, o sea dar a agentes privados la explotación de actuales o futuros servicios (art.29,libro1). En las nuevas empresas que pueda crear, podrá haber hasta un 49% de capital privado (art.29, libro1), y aún mayor, si la Asamblea Legislativa lo aprueba. Con Juntas Directivas bajo control del Gobierno (arts.9 y 35, libro1), se abre entonces un espacio más para el concubinato escandaloso entre el sector público y los intereses privados de algunos grupos, que tanta corrupción y nefasto tráfico de influencias (“patas”) han producido. He aquí una PRIVATIZACIÓN jurídica y práctica del ICE. Por otro lado, está la graciosa figura de la CONCESIÓN y cómo puede ser entendida. Nuestra Constitución (art.121:14) establece que las “fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público” y “los servicios inalámbricos” podrán ser explotados por particulares –por ley o concesión especial otorgada por tiempo limitado– con el fin de que participen en la prestación de servicios públicos. Existiendo una empresa como el ICE, que ha hecho un uso conciente, racional y solidario de estos recursos, ¿es necesario que los agentes privados vengan a hacer usufructo de estos bienes públicos? ¿Y cuánto deberían de pagar por este “alquiler”? La ley del Combo no especifica cual sería el cánon, lo cual es preocupante. De cualquier forma y en lenguaje literal, con estas concesiones se PRIVATIZA el usufructo (beneficios, utilidades) de las aguas públicas y del espacio radioeléctrico nacional. Dentro del esquema planteado por el Combo, el ICE se vuelve VULNERABLE. Por un lado, se enfrentará a poderosas transnacionales que podrían aplicar mecanismos para desplazarlo, ya usados en otras naciones, como es bajar tarifas por debajo del costo por un tiempo (pues en otros países tienen ganancias) para lograr la fuga de clientes y la quiebra de la empresa criolla. También enfrentaría la posible pérdida de los grandes consumidores (art.74,libro3). Por otro lado, seguiría vulnerable a la mala gestión y, sobre todo, a la MALA FE, de sus directivas politizadas que, si quieren, pueden deshacerlo según menester, para finalmente -ya quebrado- VENDER sus activos por una tontera. Al respecto, no hay razón para el optimismo, sería una absoluta ingenuidad, rayana en la tontería, creer que estas directivas usurpadas por el bipartidismo van a fortalecer el ICE, pues ya ni siquiera aportará ingresos para el Gobierno (art.31,libro1). NO HAY CONFIANZA en una clase política que ha realizado, en los últimos años, un sutil y comprobado SABOTAJE de la Institución (sabotaje=entorpecimiento de la buena marcha de una actividad); y que han sometido a la ciudadanía a una especie de CHANTAJE: o aceptamos la entrega de energía y telecomunicaciones al negocio privado, o seguirán deteriorándose los servicios como ya lo estamos viendo. Y desde el punto de vista AMBIENTAL hay muchas disposiciones inaceptables: Se autoriza al ICE a desarrollar proyectos geotérmicos en Parques Nacionales, y a los privados a instalar servidumbres y antenas en ellos (art.191). Se autoriza a empresas privadas desarrollar proyectos eléctricos en zonas protectoras y reservas forestales (art.120). Autoriza la generación térmica (por combustibles) hasta un 25% (art.117). Privilegia a la actividad hidroeléctrica por sobre otra actividad ya establecida (agrícola, forestal, turística) (art. 107), sin concretar un plan integrado de manejo de cuencas hidrográficas. En la conformación del CEMPO dominan representantes del gobierno y de los sectores privados, con representación mínima de los consumidores y nula de las comunidades afectadas (art.29,libro3). Dice que se deberá contratar al menos un 5% de nuevas fuentes energéticas (solares, eólicas, biomásicas), pero no establece fondos para investigación y desarrollo (art.119). El Combo Eléctrico es una MARAÑA DE LEYES (256 artículos) que difícilmente va a funcionar como está en el papel: los mecanismos regulatorios y antimonopólicos van a sucumbir ante el tráfico de influencias (“patas”) y la corrupción acostumbrados. Ante los enormes negocios en ciernes, ¿cómo esperar serios estudios de impacto ambiental y escénico, o una justa declaratoria de “utilidad pública” (arts.108 y 190) para autorizar las múltiples servidumbres y EXPROPIACIONES obligadas?, ¿cómo se determinará los indefinidos límites geográficos (art.68) de cualquier área de concesión de distribución eléctrica, o de telefonía fija, que dominarán MONOPÓLICAMENTE su territorio como lo hacen los buses o la TV por cable? Y más aún, ¿cómo impedir la formación natural de unos pocos GIGANTES EMPRESARIALES disfrazados con nombres diversos, monopolizando generación y distribución eléctricas (integración vertical), o la telefonía fija y celular?. ¿Cómo tener confianza, si queda el Gobierno (léase la clase política-empresarial culpable -por acción o tolerancia- de los ya conocidos casos de corrupción) con el control del nuevo ICE privatizado (Icetel e Icelec), del Minae y Setena, y de los nuevos organismos planificadores/reguladores como son el Cempo, Aresep y Aretel(¿?). Porque lo mas grave del Combo NO ESTA EN EL TEXTO, ESTÁ EN EL CONTEXTO político–moral de nuestro país. No caigamos en la trampa de discutir “la letra de la ley”, ni en creer en los manipuladores anuncios de la prensa y la TV. La llamada APERTURA consistiría, entonces, en abrir nuevos espacios para el abuso y la concentración de riqueza en pocas manos, con el Gobierno abriendo puertas. Esto último tendría consecuencias nefastas para la democratización económica y política de nuestro país, pues quien mucho dinero tiene, manda demasiado. En CR la equidad social (diferencia entre ricos y pobres) es de las menos indecentes de Latinoamérica, pero desde hace diez años va en franco retroceso. No debemos desmantelar los mecanismos de compensación social de nuestro ESTADO SOCIAL DE DERECHO. El AFÁN DE LUCRO es la batuta que dirige este (des)concierto. Si Ud. revisa la lista de empresas con mayores utilidades de cualquier país no industrial, encontrará en primer lugar a las empresas de energía, hidrocarburos y telecomunicaciones. Sabemos que figuras político-empresariales han tenido y tienen intereses en ellas: Figueres, Laclé, Vargas Pagán, los Koberg en el sector energía; Alvarez Desanti, René Castro, los Arias Sánchez en el sector comunicaciones, entre otros. El caso Figueres es patético para un Estado de Derecho: un Presidente que, bajo su gobierno, se concesiona la explotación de aguas públicas para sus propias empresas, caso penal en cualquier país occidental decente. Para que veamos la dimensión económina de estos negocios, el ICE ha tenido que pagarle a los productores privados mas de ¢30 000 millones por facturación eléctrica (fuente: FIT- ICE), pagando obligadamente un precio mucho más caro por kwh de lo que le cuesta producirlo. También hay otros, sin tantos intereses concretos, pero quizá con mucho afán, que también creen en el Combo. Son los convencidos de que las fuerzas del mercado producen los mejores resultados, encandilados por el UTOPÍA FÁUSTICA del eterno progreso y el derrame (referencia al Fausto de Goethe, quien entregó su alma al diablo por fama y dinero), delirio mercantilista hoy visto más falso e insostenible que nunca pues, como dijo Gandhi, “la naturaleza puede suplir nuestras necesidades, pero no nuestras ambiciones” . Esta es la base de la filosofía neoliberal. Parece cierto que la COMPETENCIA de muchos oferentes produce beneficios al consumidor, pero en ciertas áreas de nuestro pequeño país ello no es posible, la tendencia natural es hacia el OLIGOPOLIO (mercado donde hay pocos vendedores), que fácilmente pueden manipular precios y calidad. (El Combo limita la capacidad máxima de un generador eléctrico a 25% del total (art.60), o sea, cuatro generadores podrán repartirse el país). La LIBERTAD DE ELEGIR puede convertirse en la libertad de desear opciones impagables, como los sofisticados productos que el comercio pone a ojos de los humildes. No señores, lo que se busca es el DERECHO A GOZAR de los servicios necesarios para el desarrollo de la familia, la empresa y la sociedad. Ante este panorama de probable caos, corrupción y concentración de riqueza y poder, ¿no es más simple y mejor tener un sólo ICE EFICIENTE, MODERNO Y AUTóNOMO, libre de las argollas políticas y de la captura de utilidades? ¿No sería éste un intrumento más confiable para que toda la población disfrute de los servicios necesarios para un progreso conciente? El ICE posibilita un desarrollo más armónico y un mayor control social (institucional y comunal), servicios sin afán de lucro y tarifas más bajas, nacionalización y reinversión de las utilidades, y el desarrollo de una capacidad de planificación y ejecución producto del trabajo e intelecto nacionales. Un proyecto en ese sentido, que moderniza y protege al ICE y sus objetivos actualizando la simple y eficaz ley de 1949 (30 artículos), existe y está archivado en el Congreso. Usemos esta base para la reforma, veamos sus resultados y después hablamos.
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NO AL COMBO!!
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