SAN JOSE, jul (Especial de IPS) Ahora que las enfermedades y frustraciones son visibles, los peones de fincas bananeras en Costa Rica y sus familias apenas empienzan a entender la desgracia que traía aquella llovizna en apariencia refrescante, provocada por avionetas cargadas con químicos.
''A una lejos de molestarle más bien como que le agradaba aquella suave lluvia que provocaban esos aparatos desde arriba'', dijo a IPS Digna Arias, quien pese a que se dedicaba al comercio recibía en forma regular una ración de veneno.
Arias, quien se movilizaba por el sector de Río Frío, unos 100 kilómetros al noreste de San José, se considera sin embargo una privilegiada pues sus males no pasan desde hace largos años de dolores de cabeza y problemas de la vista.
''Si me comparo con otros casos, debo sentirme libre de daños, pues he visto cosas muy feas y tristes'', agregó Arias, quien ahora es dirigente de mujeres que reclaman sus derechos ante las transnacionales bananeras y surtidoras de químicos.
Uno de los casos más críticos conocidos hasta ahora es el de la familia Vargas, de Río Frío, unos 100 kilómetros al noreste de San José, que procreó un hijo con hidrocefalia severa y labio-paladar hendido, como consecuencia de la exposición del padre a los químicos durante largos años.
''La verdad es que no quiero hablar de eso, ninguna plata me devolverá a mi hijo que murio ocho meses después de nacido ni reparará el sufrimiento que cargamos'', expresó a IPS la madre, Damaris Rivera.
Renuente a contar lo que considera ''mi propia desgracia'', la mujer, de 27 años de edad, no pudo ocultar su temor debido a que está embarazada y ''no sé qué puede pasar''.
Francisco Vargas, esposo de Damaris, laboró nueve años como peón en los bananales de la estadounidense Standard Fruit Company y el examen médico reveló que sólo cuenta con 12 millones de expermatozoides por mililitro de esperma, mientras quienes tienen 20 millones ya están en situación delicada.
''La verdad es que convivíamos con el enemigo'', reconoció por su parte Hernán Pérez, quien trabajó durante 11 años en Finca Guajira, en el sector atlántico costarricense, propiedad de la estadounidense Banana Development Corporation (Bandeco).
Pérez, de 45 años de edad y quien ahora se desempeña como policía, narró que durante todo el tiempo que fungió como peón agrícola manipuló químicos granulados, fosforados y líquidos, entre estos Nemagón y Fumanzone, dos de los más dañinos citados por los médicos.
''Nosotros no teníamos protección alguna, nadie nos advirtió que corriamos riesgos y uno manejaba esos venenos con la mayor tranquilidad'', expresó Pérez, quien se mostró pesimista ante la posibilidad de lograr alguna indemnización por parte de las transnacionales.
''Esa gente tiene un inmenso poder mientras nosotros aquí estamos aislados, es difícil comunicarnos y cada uno trata de sobrevivir como puede'', dijo Pérez, quien da gracias a Dios porque le dio dos hijos en esos años, aunque ahora no sabe si puede engendrar.
La inquietud acerca de la esterilidad provocada a peones bananeros surgió hace más de 15 años en Costa Rica, cuando Roberto Chávez, un toxicólogo de San José, notó que numerosos hombres, todos provenientes de las zonas bananeras, sufrían problemas de ese tipo.
Chávez y la abogada Marlene Chávez se interesaron personalmente en el caso y fueron a Estados Unidos a contratar un bufete que se hiciera cargo de la demanda contra las trasnacionales bananeras y productoras de químicos.
Esa diligencia dio como fruto un primer arreglo con algunas compañías en 1992, que benefició a alrededor de 2000 trabajadores, quienes obtuvieron un mínimo de mil dólares como indemnización, aunque se informó que en ciertos casos lograron hasta 25 000 dólares.
Organismos defensores de los derechos humanos intentan organizar a unos 6000 trabajadores bananeros afectados por los químicos en Costa Rica e incluso tratan de coordinar acciones con entidades de otras naciones latinoamericanas donde se viven experiencias similares.
La contraofensiva de quienes velan por las garantías individuales surgió tras conocerse una oferta de pago de 22 millones de dólares planteada por la empresa estadounidense Dow Chemical -fabricante de químicos- a los 25 000 obreros latinoamericanos expuestos a daños.
La empresa pone como condición que una vez aceptado su planteamiento quede definitivamente cerrado el reclamo en su contra.
Pero los defensores de los derechos humanos rechazaron por ''injusta y humillante'' la propuesta de la Dow Chemical y advierten que de ser aceptada a millares de exobreros solo les correspondería una indemnización de 100 dólares, una vez liquidados honorarios de abogados y otros gastos.
Además de los costarricenses, también fueron afectados por los químicos trabajadores bananeros de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombia y Ecuador.
La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Costa Rica (Codehu) y la Comisión de Derechos Humanos de Centroamérica (Codehuca) coordinan acciones con el no gubernamental Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para amparar a los extrabajadores ''químicamente castrados''.
Los defensores de los obreros destacan la importancia de lograr un pago justo por parte de la Dow Chemical, pues el monto se convertiría en un parámetro para otras seis compañías, incluidas las también fabricantes de químicos, Shell Oil y Occidental Chemical.
No obstante, y pese al mayor grado de conocimiento sobre los daños sufridos, los trabajadores bananeros siguen escépticos ante la posibilidad real de una indemnización justa.
''Yo no estoy en ninguna lista. He tratado de que me oigan y a nadie parece importarle mi suerte. La Standard (Fruit Company) no atendió mi reclamo y creo que me queda poca esperanza'', dijo con tono de resignación Rafael Mata, de 46 años.
Mata, radicado en Guápiles, 60 kilómetros al noreste de San
José, declaró a IPS que ''uno tiene hijos pero salen enfermos y lo
poco que gano como policía no alcanza para darles la atención
médica que necesitan''.
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